El ruso-canadiense Rusoro acude al arbitraje por la nacionalización en Venezuela

La minera ruso-canadiense Rusoro anunció el miércoles que acudirá al órgano de arbitraje del Banco Mundial ante la falta de acuerdo con el gobierno de Venezuela por la nacionalización de sus activos en el país.

El arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias por Inversiones (CIADI) responde a medidas del gobierno venezolano "que desmantelaron el régimen legal para la comercialización de oro en Venezuela y culminaron con la nacionalización y control de las inversiones de Rusoro en Venezuela sin compensación", según un comunicado de la firma en su sitio web.

"Las acciones del gobierno venezolano han provocado pérdidas significativas a la compañía y sus accionistas", dijo el presidente de Rusoro, Andre Papov, de acuerdo con el texto.

La minera no ha publicado el monto de la demanda, pero unos analistas del sector consultados por la AFP señalaron que éste podría oscilar entre 900 millones y 1.500 millones de dólares.

Rusoro alega que la nacionalización de un yacimiento que explotaba en el Estado Bolívar (sur), por medio de una ley aprobada en septiembre por el presidente Hugo Chávez -utilizando poderes legislativos especiales- es una "violación" de un tratado de protección a las inversiones entre Canadá y Venezuela.

Según el presidente de la Cámara Minera Venezolana (Camiven), Luis Rojas, la salida de Rusoro dejó la totalidad de la explotación y exploración aurífera en manos de la estatal Minerven, que, a su juicio, carece de tecnología y recursos para afrontar las inversiones del sector y ha debido cerrar algunas minas.

"Todo lo maneja Minerven, pero no tienen nada que manejar porque no tienen industria (...) El sector está totalmente inoperante", señaló a la AFP.

"Si le cayera una bomba atómica, no estaría mejor", coincidió un representante legal de empresas mineras.

El nuevo marco legal, que fija regalías del 13% y prohíbe exportar el oro a las empresas -que deben vender el metal al Estado- dificulta que otras compañías mineras busquen invertir en el sector en Venezuela, agregó Rojas.

Mientras buena parte de los proyectos mineros han estado paralizados por falta de inversiones y retrasos en la entrega de permisos, las bandas ilegales explotan el 60% del oro y lo trafican a otros países, según el Banco Central.

La demanda de Rusoro llega una semana antes de que Venezuela se retire formalmente del CIADI, al que presentó en enero su "denuncia irrevocable" y donde enfrenta una veintena de litigios, en su mayoría de empresas extranjeras, que exigen ser indemnizadas por las nacionalizaciones de sus activos. Pero según las normas del organismo, las demandas pendientes siguen su curso.

Aunque entre las demandas más costosas están las de las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Conoco Phillips, también figuran otras mineras canadienses como Vannessa Ventures, Gold Reserve y Crystallex, que exigen a Venezuela el pago de unos 6.000 millones de dólares.

Agapov señaló que el arbitraje fue el "único recurso" para la compañía tras "la aparente indisposición" del gobierno venezolano para encontrar una solución amigable a la disputa.

Rusoro operaba las minas El Choco e Isidora, cerca del pueblo de El Callao (a 840 kilómetros de Caracas), que en conjunto produjeron 110.000 onzas en 2010, además de una decena de proyectos en exploración.

Venezuela ocupa el décimoquinto puesto en el mundo en reservas de oro, con más de 365 toneladas, según las cifras oficiales.


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