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Repsol demanda a Chevron en EEUU por un acuerdo con YPF sobre Vaca Muerta

La petrolera española Repsol demandó ante la justicia norteamericana a la estadounidense Chevron por firmar un acuerdo para explotar el yacimiento de Vaca Muerta con "representantes ilegítimos de YPF", su exfilial expropiada por Argentina, informó este miércoles un portavoz.

La petrolera española Repsol demandó ante la justicia norteamericana a la estadounidense Chevron por firmar un acuerdo para explotar el yacimiento de Vaca Muerta con "representantes ilegítimos de YPF", su exfilial expropiada por Argentina, informó este miércoles un portavoz.

"Se presentó el caso en un juzgado de Nueva York ayer (martes)", declaró a AFP Kristian Rix, portavoz de Repsol en Madrid.

"Queremos que el juez dicte que Chevron cese de su acuerdo, porque lo que ha hecho es firmar un acuerdo con representantes ilegítimos de YPF, esos representantes están ahí después de una expropiación ilegal", agregó.

En opinión de la petrolera española "todas las decisiones que tomen esos representantes en YPF son ilícitas y Chevron ha firmado a sabiendas de esto un acuerdo para explotar Vaca Muerta", agregó.

Además de la anulación del acuerdo entre YPF y Chevron, Repsol reclama a la petrolera estadounidense daños y perjuicios por una cantidad no especificada, precisó.

El grupo español ya había demandado al estadounidense ante la justicia española por "competencia desleal" en la firma del acuerdo con su exfilial argentina, expropiada en mayo por el Gobierno de Cristina Kirchner, para la explotación del megayacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Este yacimiento, situado en la provincia sureña de Neuquén, cuenta con una superficie de 30.000 km2, de los cuales 12.000 kilómetros son propiedad de YPF, con unas reservas estimadas en 22.800 millones de barriles de petróleo.

Repsol ya había amenazado, tras la expropiación de YPF, con emprender acciones legales contra cualquier inversor en su exfilial argentina o sus activos.

La petrolera española formalizó asimismo esta semana un procedimiento de arbitraje internacional para obtener del Gobierno argentino una compensación económica que estimó en más de 10.000 millones de dólares.