Profundizan los controles para las transferencias de fondos al exterior

Las transferencias de fondos al exterior, de cualquier naturaleza, sufrirán mayores controles de ahora en adelante. El Banco Central acaba de reemplazar la normativa vigente por otra (la A 5384) que, siguiendo las pautas que le marcó en su última reunión el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la Argentina, pone el foco en la información no sólo del emisor de la transferencia, sino también del beneficiario de la misma, hasta ahora ausente en los requisitos normativos.

Así, se establece que bancos, casas de cambio y financieras deberán incluir nombre completo o denominación social de la parte que “ordena” la transferencia además del domicilio o número de identidad nacional, CUIT, CUIL o CDI y la identificación del cliente en la entidad ordenante.

En cuanto al beneficiario, habrá que declarar nombre o razón social y número de transacción. A la vez, cuando se trate de transferencias de dinero recibidas del exterior, los requisitos de identificación de la parte que realiza el envío deberá consignar el número de cuenta o código internacional de cuenta bancaria desde la que se hace el envío.

Otro de los agregados establece “controles reforzados” sobre transferencias desde y hacia el exterior que se realicen con países o territorios calificados como “de baja o nula tributación” y con países donde no se aplican o no se aplican suficientemente las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

En esa “lista negra” figuran Ecuador, Vietnam, Yemen (recientemente incorporados), Bolivia, Cuba, Etiopía, Ghana, Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Santo Tomé y Príncipe, Sri-Lanka, Siria, Tanzania, Tailandia y Turquía.

Un largo tirón de orejaA mediados de este año la Argentina deberá rendir cuentas ante el GAFI en lo que son comparecencias que se venían repitiendo cada tres meses pero que, desde 2013, se harán cada ocho meses. Argentina busca que el GAFI lo saque de su “lista gris”, es decir, el listado de países cooperantes con “serias deficiencias” en materia anti-lavado.

En su último encuentro de octubre de 2012, el organismo había destacado la aplicación del congelamiento preventivo de activos en un caso de terrorismo de Estado llevado a cabo en la Argentina. Sin embargo, también había consignado que la Argentina continuaba en la lista de países cooperantes con deficiencias entre las que se destacaban la “transparencia financiera” y una mejor supervisión a “todos los sectores financieros”.

En aquel momento, según El Cronista, la Argentina pidió al GAFI que especifique si el país necesitaba realizar alguna otra modificación legal, luego de la catarata de resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) que involucró en el control anti-lavado a numerosos sectores de la economía, las leyes y los decretos.

La respuesta fue que el país debía esperar una “visita de alto nivel”, un formalismo en el que las autoridades del GAFI se entrevistan con distintos actores y que todavía no tiene fecha.

En 2012, la UIF recibió más de 35.000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por lavado de activos, cinco Reportes de Financiación de Terrorismo y 93 denuncias voluntarias. De esos reportes recibidos, 80 ROS por lavado de activos fueron elevados a la justicia y 45 archivados. En cuanto al intercambio de información con homólogas extranjeras, se recibieron 48 solicitudes y se enviaron 107. Además, la UIF llevó a cabo 27 inspecciones con su propio cuerpo de inspectores.

 


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