Interviene Prodecon en embargos que superan los 473 mdp en un año

* Emite recomendaciones en casos donde se violentaron derechos de contribuyentes

México, 4 Feb. (Notimex).- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que en un año recibió 166 quejas en materia de embargos realizados por autoridades fiscales, que involucraron recursos por 473 millones 94 mil 575.69 pesos.

El organismo autónomo detalla que del total de quejas recibidas del 1 de septiembre de 2011 al 30 de septiembre de 2012, 134 correspondieron a embargos a cuentas bancarias (80.7 por ciento) y las 32 restantes a otro tipo de embargos (19.3 por ciento).

De los más de 473 millones de pesos que implicaron estos embargos, 296 millones 870 mil 395.2 pesos fueron a cuentas bancarias (62.75 por ciento) y 176 millones 224 mil 179.97 pesos por otros embargos (37.25 por ciento).

En su cuaderno “Inmovilización de cuentas bancarias a la luz de las recomendaciones de la Prodecon”, señala que 57 por ciento de quejas sobre embargos presentadas ante este organismo fueron en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En tanto, 20 por ciento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 10 por ciento del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 7.0 por ciento de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, y 3.0 por ciento de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

A su vez, 1.0 por ciento en contra de la Secretaría de Finanzas de Puebla, la Comisión Nacional (Conagua), SAT-IMSS y sin identificación, en cada caso, precisa la Prodecon en el documento.

De las quejas concluidas por la Procuraduría sobre embargos a cuentas bancarias, 39 por ciento resultó favorables, 23 por ciento en acuerdo no presentadas, 15 por ciento desfavorables y 11 en acuerdo de desistimiento.

Asimismo, 9.0 por ciento en acuerdo de inactividad, 2.0 por ciento en acuerdo de conclusión de procedimiento (por juicio de amparo interpuesto por el contribuyente) y 1.0 por ciento en acuerdo de desechamiento.

El 54 por ciento de las quejas en contra del SAT tuvieron resultado en favor del contribuyente y 23 por ciento desfavorable; en el caso del IMSS la proporción fue de 75 y 25 por ciento, y en el Infonavit de 67 y 33 por ciento, respectivamente.

En su cuaderno, el organismo consideró que el panorama al que se enfrentan los contribuyentes cuando la autoridad fiscal ordena la inmovilización de sus cuentas bancarias es sumamente difícil y les genera consecuencias trascendentales.

Esto, porque la forma excesiva en que las autoridades fiscales aplican la medida, trae como consecuencia una afectación directa a los pagadores de impuestos.

La Prodecon reconoce que las autoridades están facultadas por ley para realizar la inmovilización de los depósitos y cuentas de los contribuyentes, pero también estima que deben ejercer dicha facultad con la mayor reserva, apegada a los casos que la ley prevé, como último recurso permitiendo en todos los casos la operación del giro.

Asimismo, aplicar la ley estrictamente en proporción a los objetivos que se persigan, respetando en todo momento los derechos fundamentales de los contribuyentes involucrados.

Sin embargo, agrega, las autoridades fiscales no toman en cuenta estos aspectos, como se apreció del análisis hecho por la Prodecon de los casos que motivaron la emisión de las 11 recomendaciones emitidas por este ombudsman.

En ello, las autoridades invariablemente atentaron contra los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos, como los de legalidad, audiencia, debido proceso, seguridad y certeza jurídicas, propiedad, acceso a la justicia, seguridad social e incluso al mínimo vital.

De dicho análisis, precisa, se observó que las autoridades fiscales ordenan la inmovilización de cuentas bancarias de los contribuyentes más como una sanción o medio de presión, que como un mecanismo de excepción de naturaleza estrictamente provisional o transitoria.

La Procuraduría advierte también que el aseguramiento o embargo de las cuentas suele trabarse sobre todas las cuentas bancarias y en ocasiones sobre la totalidad de los depósitos, dejando a los contribuyentes sin recursos líquidos para atender compromisos básicos o necesidades elementales.

De igual forma detectó que las autoridades fiscales ejercen sus facultades para inmovilizar cuentas de manera indiscriminada, ilegal y arbitraria, presumiblemente como una práctica para lograr sus metas de recaudación, pues ni siquiera justifican que se actualicen los supuestos para su procedencia.

La Prodecon considera que esta situación se genera por la falta de claridad en la regulación de la medida, lo que conlleva una indebida interpretación de la norma y, en consecuencia, una incorrecta aplicación.

NTX/IM/RMN


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