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El gobierno italiano intenta salvar con un decreto la acería de Tarento

El gobierno italiano, liderado por Mario Monti, firmó este viernes un decreto para intentar salvar la controvertida fábrica siderúrgica Ilva, en el sur de Italia, la mayor acería de Europa, acusada de contaminar el medio ambiente pero a la vez considerada estratégica para el empleo, la región y la industria.

El gobierno italiano, liderado por Mario Monti, firmó este viernes un decreto para intentar salvar la controvertida fábrica siderúrgica Ilva, en el sur de Italia, la mayor acería de Europa, acusada de contaminar el medio ambiente pero a la vez considerada estratégica para el empleo, la región y la industria.

Después de una reunión de seis horas, el Consejo de Ministros aprobó un decreto-ley que garantiza el "saneamiento del medio ambiente y la continuidad productiva de Ilva de Tarento", reza el comunicado.

Con ese decreto urgente, el gobierno tecnócrata liderado por Monti intenta resolver uno los casos más complicados y preocupantes de la península, ya que es urgente impedir que se siga contaminando el ambiente pero a la vez se teme una revuelta social impredecible si miles de empleados y sus familiares quedan desocupados en un momento de recesión.

"Tarento es estratégica tanto a nivel nacional como regional", explicó Monti tras precisar que el decreto tiene como objetivo "salvar el medio ambiente, la salud y el empleo", dijo.

La justicia italiana ordenó en julio el cierre de parte de las instalaciones siderúrgicas, de propiedad de la familia Riva desde 1994, así como la detención de varios funcionarios y empresarios por considerar que Ilva es una "fábrica de muerte", debido a que causa cerca de 90 decesos por año en Tarento, la ciudad sureña de la región Apulia, de 200.000 habitantes.

Unas 12.000 personas perderían el trabajo en caso de cierre, lo que ha provocado una crisis social sin precedentes, dividiendo a la población entre aquellos que defienden el derecho al trabajo y aquellos que piden que se preserve ante todo la salud.

Con el decreto, se autoriza la administración de la fábrica a los propietarios, poderoso grupo internacional siderúrgico, y se les exige también que respeten los compromisos para el saneamiento.

"La familia Riva se debe adecuar o pierde la propiedad", amenazó el ministro de Desarrollo, Corrado Passera.

En caso de que no se respete el costoso plan para la recuperación de la salubridad ambiental y prevenir la contaminación, la empresa deberá pagar millonarias sanciones, de al menos el 10% del volumen de negocios anual, más otras sanciones previstas.

La crisis se agudizó el lunes pasado cuando la producción fue detenida por orden de la justicia y los dueños de la acería anunciaron la suspensión también de las actividades llamadas a "frío", lo que provocó la reacción de los trabajadores y obligó al gobierno a convocar una reunión extraordinaria.

"No podemos permitir que se piense que en Italia no es posible conciliar las decisiones de la magistratura con la defensa del medio ambiente y la producción de acero", comentó Monti.

La Asociación Nacional de Magistrados recordó en un comunicado que las jueces de Taranto, --todas mujeres--, han trabajado con extremo rigor en el caso, basado en datos que indican que se cometieron "crimenes graves" al dejar que se extendiera por décadas "un daño tan serio y concreto para la salud de los trabajadores y los ciudadanos", subrayó.

Según fuentes del Instituto Superior de Sanidad, con datos del año pasado, el promedio de muertos por cáncer de pulmón en la zona es superior en un 30% al del país. También mueren un 50% más de hombres y un 40% más de mujeres por enfermedades respiratorias agudas con respecto al resto de la península.

En Ilva se produce cerca del 40% del acero que se produce en Italia.