El Gobierno de EE.UU. demandó a Standard & Poor's por u$s 5.000 millones

El gobierno de Estados Unidos acusó de fraude a la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's por conceder altas evaluaciones a bonos peligrosos de hipotecas que contribuyeron a la crisis financiera.

En una denuncia civil presentada el lunes en la noche, el gobierno dijo que S&P engañó a los inversionistas al afirmar que las calificaciones que hacía eran objetivas y "ajenas a la influencia de cualquier conflicto de intereses".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo este martes que pretende obtener al menos 5.000 millones de dólares por multas civiles a la agenciaen una demanza a raíz de las pérdidas causadas como resultado de calificaciones infladas de bonos hipotecarios.

Anunciando una demanda contra la S&P y su casa matriz, McGraw Hill, el fiscal general, Eric Holder, dijo que la poderosa agencia exageró las calificaciones de títulos financieros, tergiversando su verdadero riesgo de crédito.

"En pocas palabras, esta supuesta conducta es notoria y va al corazón mismo de la reciente crisis financiera", dijo Holder, flanqueado por funcionarios de justicia de varios estados que se unen a la demanda.

"Por lo menos, creemos prudente que las acciones de S&P lo hacen responsable por más de 5.000 millones de dólares en multas civiles", dijo por su parte el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Tony West.

Afirmó además que la pretensión de S&P de hacer ganancias y lograr una participación en el mercado causó que la calificadora ignorara los riesgos que representaban las inversiones entre septiembre de 2004 y octubre de 2007, informa la agencia AP.

Las acusaciones constituyen la primera medida efectiva que adopta el gobierno contra esta importante calificadora en relación con la peor crisis financiera ocurrida desde la Gran Depresión.

Según el documento que presentó el gobierno ante una corte federal en Los Angeles, mediante el presunto fraude fue posible la venta de las inversiones a los bancos. El gobierno basó su acusación contra S&P en una ley que tiene como propósito garantizar que los bancos hagan inversiones seguras.

S&P, una unidad de la firma McGraw-Hill Cos., con sede en Nueva York, rechazó que hubiera cometido alguna irregularidad y afirmó que cualquier demanda en su contra carecerá de méritos para que proceda.

Si se determina que S&P cometió infracciones del orden civil podría afrontar multas y restricciones a la manera como hace negocios. El gobierno dijo en su denuncia que desea la imposición de sanciones financieras.

La medida no implica acusación penal alguna. Los detractores censuran desde hace tiempo que el gobierno no haya presentado cargos penales contra ninguno de los actores importantes de Wall Street implicados en la crisis financiera.

Los cargos penales obligarían una carga de la prueba mayor y conllevarían posibles penas de prisión.

Las acciones de McGraw-Hill ganaban el martes 11 centavos y se ubicaban en 50,41 dólares antes de la sesión mercantil. El día anterior perdieron casi 14 centavos ante la expectativa de que el gobierno presentara la denuncia.

Los papeles de Moody's Corp., matriz de Moody's Investors Service, otra agencia calificadora, subieron 53 centavos y alcanzaron 49,98 dólares antes del inicio de la jornada bursátil.

El lunes cerraron con baja de casi 11%. La propia agencia calificadora anunció antes el mismo lunes en un comunicado que las autoridades estadounidenses le informaron que sería objeto de una querella civil por mala evaluación de algunos productos financieros antes de la crisis de 2008, procedimiento que la firma considera "injusto".

"La división civil del Departamento de Justicia (DoJ) informó a la empresa que tiene la intención de iniciar una querella en lo civil contra S&P sobre sus calificaciones en 2007 de algunas obligaciones estadounidenses adosadas a la deuda (CDO)", un tipo complejo de título vinculado a préstamos inmobiliarios de riesgo conocidos como "subprime" en inglés, indicó S&P.

La firma prometió una vigorosa defensa, diciendo que el juicio que se avecina no tendrá "fundamento en los hechos o en lo jurídico", y un abogado de S&P dio a entender que se trataba de una venganza política por la rebaja histórica de la calificación crediticia de Estados Unidos en agosto de 2011.

"¿Es cierto que después de la rebaja (de la calificación) la intensidad de la investigación aumentó significativamente? Sí", dijo Floyd Abrams, un abogado que representa a S&P, a la cadena de relevisión CNBC.

 


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