Fallo: "L. L. I. c/ Eliovac S.A. y otro s/ accidente -accion civil

Fallo publicado por elDial.comSD 88.283 - Causa 14.485/09 - "L. L. I. c/ Eliovac S.A. y otro s/ accidente -accion civil" - CNTRAB - SALA I - 28/11/2012En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Noviembre de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs. 367/369 ha sido recurrida por la parte actora y la demandada La Caja ART S.A. a fs. 378/386 y fs. 390/393 respectivamente. Dichas presentaciones merecieron sus réplicas de fs. 409/413 y fs. 407/408.//-A fs. 370 apela el letrado de la parte demandada (Eliovac S.A.)) por considerar reducidos los honorarios regulados a su favor.-A fs. 392/393 apela la representación y patrocinio letrado de La Caja ART S.A. por considerar elevados los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, inclusive los de los peritos.-

II. La parte actora se agravia porque el Sr. Juez de grado consideró que la narcolepsia que padece la actora no es una enfermedad profesional que tuviera vinculación directa y causal con su trabajo. Entiende que realizó una incorrecta valoración de la prueba pericial médica de la que surgiría que uno de los factores predominantes para la adquisición de esa enfermedad es el estrés que se encuentra debidamente acreditado tal como el mismo Magistrado de grado lo señaló al considerar que la actora fue víctima de moobing y por ello sufre de depresión mayor que le ocasionó una incapacidad del 30% de la T.O.. En virtud de ello solicita se modifique el fallo elevándose el porcentaje de incapacidad al 45% y en consecuencia el monto de condena en concepto de indemnización por daños material y moral.-Ahora bien, la parte actora además denunció padecer narcolepsia , enfermedad que también atribuye a las agresiones de que fue víctima durante casi tres décadas de trabajar para su empleadora Eliovac S.A. y endilgando responsabilidad al ingeniero Di Maio por acoso laboral. Respecto a esta enfermedad, el Sr. Juez de grado consideró que de acuerdo al informe del perito médico de fs. 329/338 no () puede reputarse fruto del moobing por cuanto, si bien el origen de tal enfermedad resulta, al presente, desconocido, parece vincularse con un factor de deficiencia genética -falta de neuronas productoras de hipocretina - y no en factores de agresión externa como el stress como así también que habrían múltiples factores -infecciones, alimenticios, hormonales- que pueden llevar a la eclosión de tal dolencia sin que se vincule, necesariamente, con un ambiente agresivo de labor. Agregó lo informado por el perito médico acerca de que la actora no parece haber mejorado de tal mal pese al tiempo trascurrido entre su renuncia al empleo -junio/2007- y la fecha del informe médico presentado en noviembre de 2011, cuando lo normal hubiese sido lo contrario (la narcolepsia con el correr del tiempo y los tratamientos efectuados puede mejorar relativamente sin llegar a su cura (v. fs. 337).-Así es que consideró una incapacidad del 30% como consecuencia de la depresión mayor más no por la narcolepsia, lo que puede razonablemente reprocharse a la empleadora responsabilidad por el hecho de su subordinado (mobbing) por lo que justificó el progreso de la acción con fundamento en el art. 1113 1er párrafo del Código Civil.-Coincido parcialmente con la solución adoptada en origen.-En efecto, si bien es cierto que el experto basó su informe en exámenes médicos de particular relevancia para ilustrar la patología que padece la actora, explicando que no se conoce el origen de la enfermedad que padece (narcolepsia), no es menos cierto que también informó que el stress figura entre otras causas, como factor predisponente de la narcolepsia. (v.fs. 337).-En tal sentido, llega firme a esta alzada que la actora padece de trastorno depresivo mayor, crónico grave (v. pericia médica fs. 337) que le ocasiona un 30% de incapacidad vinculada al stress laboral producto de una situación de hostigamiento laboral, corroborado también por las declaraciones de García, Suárez y Lazycs quienes además se expidieron en forma precisa, clara y concordante acerca de las condiciones precarias y hostiles en las que desarrollaban sus tareas.(v.fs. 186/9;; 316/8 y 319/21).-En este contexto, la cláusula constitucional que impone al empleador las obligaciones de garantizar condiciones dignas equitativas de trabajo, lograr seguridad e higiene en el empleo, la dignificación de la condición de la persona trabajadora y la tutela en todas sus manifestaciones (arts.14 bis, 19 de la C.N. y 4 dela LCT), aparecen, a la luz de las declaraciones testimoniales mencionadas, valoradas de conformidad a las reglas de la sana crítica (art.386 del CPCCN), claramente violadas.-De allí que no resulta posible, lógico ni razonable suponer que el hostigamiento al que fue sometida la trabajadora que además de la grave depresión verificada, ninguna incidencia hubiera causado en la narcolepsia, por el contrario, aun cuando el experto en un detallado y prolijo informe explicó que la mencionada dolencia es una enfermedad neurológica de causa aún desconocida, las condiciones en las que desarrolló sus tareas implicó, a mi modo de ver, que la patología se afianzara y se desarrollara, máxime si se considera que el stress, cuando supera los límites de la tolerancia, como en este caso, provoca daños y cambios neurológicos, fisiológicos y psicológicos. Se encuentra comprobado en documentos emitidos por la O.I.T. y por la OMS referidos a la seguridad en el trabajo, la salud y el trabajo decente (v. OIT - Informe VI "el Trabajo decente y la economía informal" Conferencia Internacional del Tabajo -90° reunión documento B.286/ESP/1, párrafo 11 , Ginebra, Suiza 2002; OIT, La violencia en el trabajo: Un problema mundial, 20/7/1998 - OIT 798/30; OMS: Informe mundial sobre violencia, 2002, publicado en www.who.org por OPS) que las situaciones de violencia laboral ocasiona a la persona trabajadora innumerables consecuencias, las cuales abarcan aspectos personales y familiares y la presión a la que la víctima es sometida viabiliza una serie de problemas físicos o psicosomáticos o agrava sintomatologías preexistentes.-En el caso de la actora, observo muy particularmente que ingresó a trabajar para la demandada en febrero de 1981 y egresó en mayo de 2007, sin que obre en autos sus exámenes preocupacionales; también surge acreditado que realizó su consulta ante el instituto Fleni en febrero de 2007 (v.fs. 360), contando ya con antecedentes de su depresión mayor, todo lo cual lleva a mi convicción que a su ingreso se hallaba en perfectas condiciones de salud, la cual fue afectada en su integridad generando diversas patologías, conforme ha sido explicado.-El hostigamiento al que fue sometida generada por la conducta violenta de un superior jerárquico y en el marco de un ambiente de trabajo hostil y nocivo resultó apto para causar innumerables consecuencias negativas en su salud, la prueba está que padece de depresión mayor crónico grave y no debe olvidarse que esas consecuencias que abarcan su integridad física y psíquica, se trasladan a su esfera familiar, económica, social y laboral e inclusive se extienden en el tiempo, por ello, no debe causar asombro que después de aproximadamente cuatro años de haber renunciado a su puesto de trabajo y pese a encontrarse bajo tratamiento médico, al año 2011, aún no logre mejorar su sintomatología tal como se señala en el pronunciamiento de grado, por lo que a mi modo de ver, sustenta mi opinión acerca de que el stress padecido en un ambiente laboral hostil, generó no sólo la depresión mayor sino que contribuyó al desarrollo y agravamiento de la narcolepsia, sin que se observen consecuencias remotas por las que la demandada no deba responder (arts. 903,904,905 y 906 del Código Civil).-La situación apuntada encuadra en un supuesto de violencia laboral que encuentra recepción en el art.6º inc.c) de la Ley Protección integral a la Mujeres 26485 y su D.R. 1011/2010 y en los arts.1° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" razón por la cual corresponde que el daño causado sea reparado en su integridad. (art.35 Ley 26485).-En orden a tales consideraciones, la indemnización fijada en la instancia de grado luce reducida. Respecto a las pautas que consideraré para establecer la indemnización, conforme ha señalado nuestro más Alto ¨Tribunal, no cabe tomar en cuenta solamente el porcentaje de incapacidad determinado por el perito médico por cuanto éstos no conforman pautas estrictas que la judicatura deba seguir inevitablemente, directriz consagrada en los conocidos casos "Aquino" [Fallo en extenso: elDial.com - AA242F] ( Fallos a 2652.XXXVIII del 21/9/2004-) y "Arostegui" [Fallo en extenso: elDial.com - AA4697] (Fallos A 436 X.L. del 8/4/2008) y tampoco pueden utilizarse fórmulas matemáticas preestablecidas ni aplicarlas en su individualidad sino que es necesario tomarlas como un indicio en incluirlas en un cúmulo de circunstancias relacionadas con la persona trabajadora, como por ejemplo las circunstancias particulares desarrolladas, su condición de mujer, la edad de la actora (53 años), las tareas que realizaba, naturaleza y responsabilidad (secretaria bilingüe) , su remuneración ($ 2757,60), su estado de salud, la incidencia en la vida de relación, la expectativa y su proyecto de vida, así como también el daño emergente y el lucro cesante.-Tomando los parámetros aludidos, propongo que el monto se eleve a la suma de $ 200.000. Asimismo, respecto del daño moral, tengo en cuenta las vicisitudes por la que atravesó la trabajadora, los estudios a los que fue sometida, el tratamiento médico en curso, la evolución de sus dolencias y la angustia provocada por las secuelas incapacitantes, por lo que propicio se eleve el monto en concepto de daño moral a la suma de $ 60.000 ( Fallo Plenario n° 243 de esta Cámara , art.1078 del C.Civil y 165 del CPCCN).-En síntesis, conforme los parámetros expuestos propicio modificar el pronunciamiento de grado y elevar el monto indemnizatorio a la suma de $260.000 comprensivo de daño material ($200.000) y daño moral( $60.000) con más los intereses dispuestos en grado que no han sido recurridos.-

III. Con relación a la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, cuestiona el carácter profesional de la enfermedad padecida por la actora -depresión mayor- causada por moobing, en tanto la misma no se encontraría alcanzada por la ley 24.557 y decreto reglamentario 658/96 por lo que entiende que no puede atribuírsele responsabilidad alguna.-Sin embargo, en el caso de autos y por aplicación del adagio iura novit curia considero que la aseguradora es responsable por aplicación de las normas de derecho común. Ello porque incurrió en responsabilidad por omisión, pues luce acreditado que incumplió las obligaciones que la ley 24.557 le impone a través del art. 4 encuadrando tales incumplimientos en las prescripciones del art.1074 del Código Civil.-En este orden de ideas y en cuanto a la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, memoro que la Corte Suprema de Justicia determinó en la causa"Torrillo Amadeo y otro c. Gulf Oil Argentina S.A. y otro" [Fallo en extenso: elDial.com - AA510E], sentencia del 31 de marzo de 2009 (publ. en D.T. abril de 2009, pág. 468 y sgtes.) que la ley 24.557 "... impuso a las ART la obligación de 'adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo' (art. 4.1); incorporar en los contratos que celebren con los empleadores 'un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que (aquéllos) deban adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente' (art. 4.2), así como controlar la ejecución de dicho plan y denunciar todo incumplimiento de éste -y de las normas de higiene y seguridad (art. 3º.1.a)- a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4.4). Súmase a ello, además de promover la prevención mediante la información a dicha Superintendencia acerca de los planes y programas exigidos a las empresas (art. 31.1.c), el asesoramiento que deben brindar a los empleadores 'en materia de prevención de riesgos' (art. 31.2.a). De su lado, la reglamentación de la LRT (decreto 170/6) detalló diversos aspectos del desarrollo del plan de mejoramiento, al paso que previó, tanto que éste debía ser redactado 'en lenguaje claro, procurando evitar el uso de conceptos equívocos, de modo que el empleador pueda comprender con claridad sus compromisos e identificar los aspectos que debe mejorar para adecuarse a la legislación vigente' (art. 5º), cuanto que su marcha debía ser vigilada por las ART 'en los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo', lo cual implicaba verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el plan (art. 19, a y b). El decreto citado también precisó que las ART debían brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a. determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b. normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c. selección de elementos de protección personal, y d. suministro de información relacionada a la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos (art. 18). El art. 19, a su turno, después de disponer que las ART 'deberán realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo', destacó entre aquéllas, v.gr., brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos (inc. c); promover la integración de comisiones paritarias de riesgos del trabajo y colaborar en su capacitación (inc. d); informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido en la LRT (y en el propio decreto reglamentario), en particular sobre los derechos y deberes de cada una de las partes (inc.e) e instruir a los trabajadores designados por el empleador, en los sistemas de evaluación a aplicar para verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento (inc. f). Todo ello, sin perjuicio del deber de colaborar en las investigaciones y acciones de promoción de la prevención que desarrolle la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (inc. g)..." (Considerando V del voto de la mayoría).-En el precedente mencionado se explica también, en el considerando VI, que las aseguradoras han "... sido destinadas a guardar y mantener un nexo 'cercano' y 'permanente' con el particular ámbito laboral al que quedaran vinculadas con motivo del contrato oneroso que celebrasen. De ahí, que las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia, por emplear algunos de los términos de la normativa ya enunciada en el considerando anterior, exigen de las ART, al paso que las habilitan para ello, una actividad en dos sentidos. Primeramente, la adquisición de un acabado conocimiento de la específica e intransferible realidad del mencionado ámbito laboral, para lo cual éste, por así decirlo, debe mantener sus puertas abiertas hacia las ART. Seguidamente, el obrar de éstas sobre dicha realidad, para que se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la prevención, incluso mediante la denuncia. Dicho conocimiento individual y directo de esas realidades, sumado, por cierto, a los saberes especializados en materia de prevención con que deben contar, constituyen el par de circunstancias con base en las cuales la LRT formula, mediante precisas obligaciones, su apuesta innovadora a favor de la actuación de las ART, como vehículos útiles y apropiados para prevenir in concreto los riesgos del trabajo...".-En orden a ello, tengo en cuenta que la aseguradora no demostró que hubiera tomado intervención adecuadamente, pues no acreditó haber efectuado los exámenes médicos preocupacionales, periódico y posocupacionales que fija el decreto 351/79 y los exámenes médicos anuales que establece la ley 19587. Si bien acompañó constancias de visitas que datan del año 2001 y 2002 en las que se dejó constancia en forma genérica recomendaciones acerca de la capacitación del personal y se hizo referencia a las reformas edilicias realizadas en Eliovac como así también que en marzo/2007 se recomendó orden y limpieza, observo que entre el 2002 y el 2007 ninguna constancia acompañó que diera cuenta del cumplimiento de las obligaciones aludidas, pese a los antecedentes médicos de la demandante, indicadores de patologías que podían encontrarse vinculadas al entorno laboral, lo que hubiese permitido excluir o atenuar el curso de la dolencia que aquejó a la trabajadora en su esfera psíquica (v. fs. 65/72). Dicha omisión resultó, entonces, jurídicamente relevante en el resultado de los acontecimientos, por lo que se verifica un adecuado nexo de causalidad entre los daños cuya reparación se reclama y el incumplimiento de La Caja ART S.A. (cfr. arts.902, 904 y 1074 del Código Civil y fundamentos expuestos por esta Sala in re "Casiva María Antonia p/si y en rep. de sus hijos menores Gisela Guadalupe y Maria del Carmen Mansilla y otro c/Dagward S.A. y otros s/accidente-acción civil", S.D. 83.736 del 18/7/06).-En definitiva, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo no observó la conducta apropiada y necesaria para lograr el fin propuesto por la Ley 24557, que consiste en la reducción de la siniestralidad laboral, a lo que cabe agregar que a partir de la vigencia de la norma citada, tanto las aseguradoras como los empleadores están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, extremo que ha sostenido la CSJN en los autos "Recurso de Hecho Soria, Jorge Luis c/ RA y CES S.A. y otro" [Fallo en extenso: elDial.com - AA3EAC], S.1478, XXXIX del 10/4/2007.-Por las consideraciones expuestas, propicio que la condena en este punto también se haga extensiva en forma solidaria a La Caja ART S.A por la totalidad de la condena de autos, de acuerdo a los fundamentos expuestos, revocándose el decisorio en este sentido.-

IV. Resta analizar la queja de la codemandada La Caja ART S.A. acerca de la fecha en que se ordena aplicar intereses.-En cuanto al cómputo de intereses, cabe memorar que la sentencia que viabilizó la pretensión de la actora no es constitutiva, sino meramente declarativa de un derecho preexistente a percibir el resarcimiento que le corresponde. Por su parte, el concepto de mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir la obligación, o sea el retardo o retraso en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Así, si la demandada se encuentra en mora en el cumplimiento de la obligación a su cargo, tal circunstancia es anterior al dictado de la sentencia de grado ( CNAT, Sala II, in re "Gaza Juan c/ Alas Porteñas SRL y otro s/ accidente acción civil", S.D. 96.103 del 3/10/08)Por ello, sugiero sobre el monto fijado en concepto de indemnización, se apliquen intereses desde la fecha de desvinculación hasta el efectivo pago y conforme la tasa fijada en origen por cuanto no observo argumento alguno que permita receptar la queja de la aseguradora acerca de establecer otra fecha distinta a la fijada en origen a partir de la cual se aplicarán los intereses aludidos (art. 116 L.O).-

V. Los argumentos hasta aquí vertidos brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la cual omito el análisis de las demás cuestiones planteadas por las partes en tanto resultan inconducentes para la solución del litigio, pues he considerado aquello que estimé pertinente para la correcta solución del litigio. Tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, sobre tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.-

VI. De acuerdo a lo dispuesto en el considerando III corresponde elevar el monto de condena a la suma de $ 260.000 más los intereses dispuestos en origen.-

VII. De conformidad con lo establecido por el art. 279 CPCCN las costas correspondientes a esta parte del reclamo deberán fijarse a cargo de las demandadas, vencidas en lo principal, en ambas instancias (art. 68 CPCCN).-De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los porcentajes fijados a la representación letrada de las partes, inclusive de los peritos intervinientes resultan adecuados, aunque deberán calcularse sobre el nuevo monto de condena, incluídos los intereses, por lo que propongo sean mantenidos (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación).-En cuanto a su actuación en esta Alzada, sugiero que los emolumentos de los letrados firmantes de la representación letrada de la parte actora y aseguradora se regulen en el 28% y 25% a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.-

VIII. Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, propicio: 1º) Modificar la sentencia y elevar el monto de condena a la suma de $260.000 más los intereses dispuestos en origen; 2) Costas y honorarios de acuerdo a lo dispuesto en el considerando VII.-

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.-

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE 1º) Modificar la sentencia y elevar el monto de condena a la suma de $ 260.000 más los intereses dispuestos en origen;; 2) Costas y honorarios de acuerdo a lo dispuesto en el considerando VII.-Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-Fdo.: Gloria M. Pasten de Ishihara - Gabriela A. VázquezAnte mi: Elsa I. Rodríguez, Prosecretaria Letrada de CámaraCitar: elDial.com - AA7C13

 


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