España podría dar residencia por comprar una vivienda de más de 160.000 euros

España, que cuenta con un gran parque inmobiliario sin vender, podría ofrecer a los extranjeros un permiso de residencia a cambio de la compra de una vivienda de más de 160.000 euros, anunció este lunes un responsable gubernamental.

"Hemos propuesto a los restantes ministerios que aquellos no residentes que adquieran una vivienda en España por valor de más de 160,000 euros, eso lleve aparejado automáticamente un permiso de residencia", declaró el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

"Estamos pensando en los mercados como el ruso, el mercado chino", añadió en un foro económico, citando esas dos comunidades que invierten mucho en España. El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, precisó después a la prensa que no hay tomada "ninguna decisión", aunque admitió que el parque inmobiliario español debería venderse a "precios razonables".

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que precipitó a España en la crisis y después en la recesión, el país tiene una reserva imponente de viviendas sin vender, nuevas y de segunda mano.

Paralelamente, las expulsiones de propietarios sobreendeudados se han multiplicado en los últimos años, después que muchos que habían logrado fácilmente créditos hipotecarios durante los años de frenesí inmobiliario, ahora no puedan pagar, a menudo empobrecidos por un desempleo que afecta a un cuarto de la población activa española.

La Plateforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que sigue luchando contra las expulsiones, criticó este lunes la proposición del gobierno, afirmando que estudiaría medidas legales para oponerse a la misma. "No sólo es inmoral sino que puede agravar todavía más la situación y provocar nuevas ejecuciones hipotecarias", declaró una portavoz de la asociación, Ana Colau, en la radio.

Desde que comenzó la crisis en 2008, se han llevado han iniciado unos 350.000 desahucios, de los cuales cerca de la mitad, según la prensa, han sido ejecutados. Confrontados a una presión social cada vez mayor por la multiplicación de situaciones dramáticas, los bancos y después el gobierno, anunciaron la pasada semana una moratoria de dos años para los desahucios que afecten a las personas más vulnerables.