España pone casi 6.000 viviendas a disposición de personas desahuciadas

El Gobierno español, junto a bancos, organizaciones no gubernamentales y ayuntamientos firmaron este jueves la constitución de un Fondo Social de Viviendas (FSV) que contará con 5.891 viviendas con alquileres reducidos destinados a familias que hayan sido expulsadas de sus hogares. Las viviendas han sido aportadas por 33 entidades financieras y se alquilarán a familias "de especial vulnerabilidad" que hayan sufrido un desalojo hipotecario desde el primero de enero de 2008, informó el ministerio de Economía en un comunicado. "Podemos discutir si las medidas legales que adoptamos son suficientes, pero sobre todo con este convenio nos ponemos en la piel de toda esa gente que confió en su futuro, que invirtió en sacar adelante su familia y que no le fue bien", afirmó la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la firma del convenio. Los alquileres de las viviendas oscilarán entre los 150 y los 400 euros al mes "con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar", según la misma fuente. Cada una de las entidades financieras que aporta las viviendas constituirá su propio fondo con las mismas, las cuales se ofrecerán "a las familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo", según el Ministerio. El FSV se enmarca dentro de las medidas puestas en marcha en España con la intención de frenar el drama de las expulsiones, después de que en noviembre pasado el gobierno anunciara una moratoria de dos años para los propietarios más vulnerables. Por "razones humanitarias", las expulsiones serán paralizadas durante dos años "para los grupos más vulnerables", como las familias numerosas y las personas dependientes, dijo entonces Saénz de Santamaría. En España, las órdenes de expulsión, tanto para pequeños propietarios como para comercios, aumentaron un 20,6% en 2012 respecto a 2011 cuando ya era un récord, para llegar a los 350.000 desde 2008, lo que ha llevado a una cada vez mayor presión social contra estas expulsiones. Sáenz de Santamaría compareció este jueves ante los medios para anunciar un plan de viviendas sociales para personas desalojadas de sus hogares, tras haber aumentado el clamor social por los desahucios.