Desmedidos embargos jaquean a empresas

A esta altura de los acontecimientos, o más bien de la historia, parece difícil pretender cuestionar la función de protección del trabajador en relación de dependencia, esencial e imprescindible, que el derecho del trabajo (individual y colectivo) debe cumplir. Aunque ello no parece que debería ser un obstáculo para la generación de inversiones y empleos genuinos, ni podría afectar la justicia que se exige en la relación entre empleadores y trabajadores, con la necesidad de salvaguardar el respeto de los auténticos y naturales derechos de los dependientes y la posibilidad de concreción de los razonables intereses de los empresarios.

Sin embargo, dicha protección no debe convertirse en sobreprotección, aun cuando sea guiada por la buena fe, pues implica, esencialmente, un acto de injusticia, pero además porque, en definitiva, en varias ocasiones se vuelve contra el propio dependiente sobreprotegido, ya sea que goce de trabajo o se encuentre desempleado.

Un claro ejemplo de ello, actualmente y cada vez con más frecuencia, se da en la Justicia Nacional del Trabajo, en los supuestos de embargos decretados por los jueces laborales de primera instancia contra los empleadores, a pedido de los trabajadores que en cada caso han accionado contra su dador de empleo, al obtener una sentencia favorable, aun cuando ella haya sido apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es decir, sin que se encuentre firme, y por ello sujeta a la posibilidad de ser revocada por el tribunal de alzada.

Es cierto que dicha posibilidad se encuentra plenamente permitida. En efecto, según el artículo 212 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el juez puede decretar el embargo preventivo si quien lo solicita hubiere obtenido una sentencia favorable, aunque estuviere recurrida. Es así como, sobre la base de dicha norma procesal, cada vez con mayor frecuencia, ante una sentencia de primera instancia favorable, el actor suele requerir del juez del trabajo que decrete el embargo sobre los bienes del empleador condenado, con objeto de asegurar el cumplimiento de la decisión judicial, en caso de que se confirme.

Esto no parece absurdo, en principio, y probablemente en varios casos sea necesario, con objeto de impedir que se frustren los derechos y las expectativas de un empleado que, en el criterio de un juez laboral, reclama con razón contra su empleador.

Sin embargo, también en numerosos supuestos, y aun cuando es facultad del juez pero nunca una obligación -según expresa el propio artículo 212, al referir que «podrá» decretarse el embargo preventivo, no que «deberá» hacerlo-, los embargos se decretan en situaciones en que aparece evidente que la empresa resulta por demás solvente, y se disponen no sobre máquinas o bienes muebles o inmuebles de propiedad del empleador, que con toda seguridad impedirán la frustración que se quiere evitar sin afectar el normal funcionamiento de la marcha diaria de los negocios, y sin impedir que el empresario se vea obstaculizado o impedido de cumplir con sus obligaciones corrientes, sino que, directamente, se traban sobre las cuentas bancarias del empleador, inmovilizando el dinero que en ellas existe. Disposición que trae aparejados gravísimos inconvenientes que afectan de manera más o menos significativa la posibilidad de honrar otras obligaciones del hombre de negocios, tan válidas como el cumplimiento de una sentencia laboral -o más, pues si la sentencia ha sido apelada implica un cuestionamiento que no arroja, al momento de inmovilizar el dinero del empresario, una decisión definitiva, y que por lo tanto podría ser revocada y quedar sin efecto-, obligaciones que van desde el simple pago a proveedores, que viven y mantienen a sus familias, en numerosos supuestos, con el dinero que el embargado le abona por sus servicios, o cumplen con sus obligaciones frente a sus propios empleados en relación de dependencia, hasta el pago de las sumas de naturaleza alimentaria que constituyen las remuneraciones del resto de los trabajadores de la compañía, ajenos a un conflicto entre su empleador y su compañero de trabajo, pero seriamente afectados por la disputa y, sobre todo, por la medida del embargo que no les permite percibir sus propias acreencias (no cuestionadas) en el tiempo y en la forma que corresponde, a causa de una medida preventiva que, innecesaria en los casos de una evidente solvencia de la empresa, o sustituible por otra medida menos perjudicial, permita razonablemente asegurar el cumplimiento de una sentencia judicial laboral para el caso en que se confirme que ha sido válida.

De allí la importancia, al momento de resolver cada supuesto en que se plantee la traba de un embargo por haberse dictado una sentencia laboral favorable al dependiente, de que el juez de primera instancia evalúe seriamente si resulta necesario adoptar la medida requerida -lo cual sólo podría corresponder en los casos de evidente insolvencia del empresario-, y en caso afirmativo, tome la medida que, asegurando el cumplimiento de la sentencia si ésta llegara a confirmarme, no afecte el normal desenvolvimiento de la marcha de la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones cotidianas.

(*) Socio de Chevallier-Boutell, Speyer & Mariani, a cargo del área de asesoramiento y auditoría laboral.


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