Decreto que regula ingreso de autos usados fomenta ilegalidad: UCD

Por Diana Domínguez Galván

México, 17 Feb. (Notimex).- La Unión Campesina Democrática (UCD) aseguró que el decreto que regula la importación de autos usados provenientes de Norteamérica fomenta la ilegalidad y la introducción de vehículos de contrabando, pues en los últimos dos años entraron al país unas 400 mil unidades en esta condición.

El líder de la organización, José Vera, rechazó además que estas unidades dañen el medio ambiente, como lo asegura el sector automotriz, dado que aprueban la verificación vehicular.

Refirió que en estados como Chihuahua la gente pidió se regularizaran los vehículos y se emitió un decreto específico, derivado de lo cual fueron legalizados 100 mil unidades, a las cuales -dijo- por presiones de la industria automotriz fueron sometidas a un programa de verificación de emisión de contaminantes y sólo 3.0 por ciento fue rechazada pero aceptada en una segunda revisión.

Ante ello, José Vera negó que estas unidades sean altamente dañinas para el medio ambiente.

“La tecnología de las unidades en el mercado estadounidense es unos dos años más avanzada que la de las unidades en México, por lo que un vehículo del año 2010 tiene tecnología de uno 2012, por lo que el impacto ambiental es mínimo”, aseguró.

Lo anterior, aunado a que aun con el pago de “mordidas” para que puedan circular, ingresar autos de Estados Unidos es mucho más económico que comprar unidades nuevas, incluso seminuevas en México, expresó.

En entrevista con Notimex, José Vera refirió que de 2011 a la fecha, unos 200 mil campesinos agremiados a la UCD han tenido que erogar más de un millón de pesos para ingresar y poder circular las unidades dentro del territorio nacional.

Tras comentar que el 21 de enero pasado entregaron a las autoridades federales un documento donde incluyen lo que consideran los inconvenientes del Decreto, el líder gremial afirmó que dicha resolución ha propiciado esta entrada irregular de vehículos porque se incrementaron los impuestos.

Recordó que de 2001 a 2009, las unidades entraban sin mayor problema con el pago de unos tres mil pesos en la frontera, en tanto que ahora la cuota aumentó a 30 mil pesos, lo que lleva a los campesinos que desean ingresar sus unidades a hacer acuerdos económicos con los agentes fronterizos por dos mil y tres mil pesos.

Denunció que los campesinos también son amenazados y extorsionados por los policías federales y ministerios públicos, pues les exigen entre cinco mil y 10 mil pesos para no ser detenidos, pues ingresar un auto de manera ilegal es un delito calificado en primera instancia como contrabando.

El dirigente campesino mencionó que en 2001, el ex presidente Vicente Fox aprobó que los vehículos podrían entrar con el pago mínimo de un arancel y con ello ingresaron al país alrededor un millón de unidades, de las cuales unas 800 mil son de la UCD.

Sin embargo, abundó, el 1 de enero de 2009 entró en vigor lo que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su apartado 300-A.2 sobre desregulación de los tres países (Canadá, Estados Unidos y México) relativo a las fracciones arancelarias y que tienen que ver con estos vehículos armados en estas naciones.

Desde esa fecha México no puede prohibir la comercialización de vehículos de 10 años de antigüedad, aunque el propio Tratado tiene una tabla de desregulación y para 2013 debe permitir la importación legal de vehículos usados de hasta seis años de antigüedad.

Según el documento comercial, el 1 de enero de 2015 se podrán importar vehículos de al menos cuatro años de antigüedad, al iniciar 2017 serán de dos años y finalmente, a partir del primer día de 2019 la frontera estará abierta a todos los vehículos usados, de cualquier modelo y línea.

“Eso es una ley establecida, firmada a través del TLCAN, entonces México ya no puede poner ningún arancel ni la prohibición de su importación”, expuso el dirigente.

Para cumplir con esos términos del TLCAN, las autoridades mexicanas han ampliado la vigencia del decreto que regula la importación de autos usados.

Para José Vera, el decreto tiene dos problemas muy serios, pues por un lado aumenta sustancialmente los impuestos al pagar un gravamen en la frontera, además de lo que significa emplacar y pagar tenencia al lugar a donde será usada la unidad.

Y lo que propicia es que la gente ya no paga sus impuestos en la frontera. “Entonces entran los vehículos dando mordidas porque el decreto está fomentando la ilegalidad”, reiteró.

Reconoció que existe un debate con la industria automotriz que argumenta que la importación de autos usados afecta a la industria nacional.

Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez, dijo en su momento que los compradores de esos vehículos no son clientes potenciales de autos nuevos en el país, pero sí propician una distorsión en el mercado al impactar negativamente en el valor de los vehículos seminuevos.

Derivado de ello, planteó Solís, la cadena de comercialización se estanca y quien vendería su vehículo para renovarlo por uno más nuevo ya no lo hace, y ello detiene la renovación del parque vehicular e impacta indirectamente en la venta de vehículos nuevos.

Pese a estas posturas, José Vera advirtió que los afiliados a la UCD continuarán con las movilizaciones en las carreteras del país para ser escuchados por la autoridad, en tanto que ya trabajan en un plan para la legalización de las unidades en entidades como Baja California, Tamaulipas y Coahuila.

NTX/DDG/EGR


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