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La nueva Constitución de Egipto no aliviará la crisis económica

La adopción de una nueva Constitución en Egipto tras un controvertido referéndum tiene pocas posibilidades de contribuir a la recuperación económica de un país en graves dificultades tras la caída de Hosni Mubarak hace casi dos años.

La adopción de una nueva Constitución en Egipto tras un controvertido referéndum tiene pocas posibilidades de contribuir a la recuperación económica de un país en graves dificultades tras la caída de Hosni Mubarak hace casi dos años.

A las dificultades políticas del presidente, el islamista Mohamed Mursi, se añade una serie de problemas económicos: déficit presupuestario en alza, reservas de divisas a la baja, recelo por parte de los inversores extranjeros, turismo en crisis.

Ello quedó reflejado este lunes por la decisión de la agencia de calificación Standard and Poor's de rebajar en un escalón la nota a largo plazo de Egipto, de 'B' a 'B-', y con perspectiva negativa, debido a las tensiones políticas. "Los recientes acontecimientos fragilizan el marco institucional de Egipto" y la "polarización" en el país puede "reducir la eficacia de las decisiones políticas", indicó la agencia.

"Estoy más preocupado ahora por el futuro del país que hace solamente algunas semanas", afirma Angus Blair, un economista que dirige el Signet Institute en El Cairo. "Votar 'sí' en el referéndum no evitará el malestar económico", añade.

Los resultados aún oficiosos dan como vencedor al 'sí' con un 64% de votos, pero la oposición denunció fraudes.

Además, la postergación de una solicitud de préstamo de 4.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a la situación política, corre el riesgo de ahondar la desconfianza de los inversores extranjeros y en Egipto afectar las cuentas públicas. "Los inversores están interesados por Egipto, pero hay que crear confianza", pues "la situación actual es frágil y cuanto más pronto se produzca el préstamo del FMI, mejor será", dijo el embajador de la Unión Europea en El Cairo, James Moran.

En efecto, antes del referéndum, Mursi congeló una serie de subidas de tasas sobre algunos productos básicos, indispensables para equilibrar las cuentas públicas, pero que habrían alterado el clima político y social del país.

La postergación del préstamo del FMI y las medidas de rigor que supuestamente debían acompañarlo revelan la gran dificultad para lanzar reformas económicas en un clima político muy tenso.

El anuncio el sábado de la dimisión del gobernador del Banco Central, Faruk Al Oqda, seguido de un posterior desmentido, contribuyen a acrecentar un sentimiento de confusión sobre la línea económica del ejecutivo.

Por otra parte, los ingresos del turismo -que cayeron en 2011 un 30%, a 8.800 millones de dólares- difícilmente se recuperarán este año, debido a la persistente imagen de inestabilidad de Egipto.

Las reservas en divisas han caído a unos 15.000 millones de dólares -cuando eran de más del doble hace dos años-, a causa de ruinosas intervenciones en favor de la divisa nacional, la libra egipcia, en el mercado de cambios, y al peso de importaciones esenciales (trigo, combustible).

Con 83 millones de habitantes, Egipto es el país más poblado del mundo árabe, pero también uno de los más pobres, con el 40% de su población viviendo con dos dólares o menos al día.

Sus dificultades actuales se añaden a las heredadas de la era Mubarak: grandes desigualdades, corrupción endémica, oneroso sistema de subvenciones a productos de base, insuficientes servicios públicos.

El crecimiento esperado este año puede limitarse a un débil 2%, antes de un 3% esperado para 2013, es decir, la mitad que en los años que precedieron a la caída de Mubarak, según las estimaciones del FMI.

Mursi y los Hermanos Musulmanes que lo apoyan consideran que la adopción del proyecto de Constitución es la piedra angular de un retorno a la "estabilidad", indispensable para la reactivación económica.

Pero el opositor Mohamed ElBaradei, premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), considera que este proyecto sólo agravará las tensiones económicas y sociales que ya existen. "El país está al borde de la quiebra", advirtió.