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Australia adjudica a Transurban unos peajes a los que optaba Abertis

Por Swati Pandey

SÍDNEY Australia (Reuters) - Un consorcio liderado por Transurban Group, el mayor propietario de autopistas de peaje de Australia, pagará 7.100 millones de dólares australianos (6.600 millones de dólares) para comprar a la empresa de peajes Queensland Motorways, en una puja a la que también aspiraba un grupo liderado por la española Abertis.

La empresa con sede en Melbourne, que encabeza un consorcio con el grupo AustralianSuper y con Abu Dhabi Investment, se impuso sobre el consorcio de Abertis y otro grupo internacional y se quedará con el 62,5 por ciento de Queensland Motorways.

Australian Super se quedará con un 25 por ciento, y Tawreed, una unidad de la autoridad de inversión de Abu Dhabi, se quedará con el resto.

La Comisión para la Competencia de Australia dio este mismo mes luz verde a la oferta del consorcio encabezado por Transurban al determinar que no reduciría sustancialmente la competencia.

La venta por parte del gobierno del estado de Queensland forma parte de la campaña por parte de los endeudados estados australianos para vender grandes infraestructuras con las que pagar por programas de obras públicas.

Los gobiernos de los estados, que se mostraban reticentes a ceder ingresos por impuestos con la venta de infrastructuras, cambiaron de opinión desde que Nueva Gales del Sur vendió su planta de desalinización por 2.300 millones de euros en 2012.

Las infrastructuras como carreteras de peaje, centrales energéticas y puertos están muy demandadas por fondos de pensiones y otros inversores por sus retornos estables y a largo plazo y las duras barreras a la competencia, sobre todo en países desarrollados y muy regulados como Australia.

Abertis, que está buscando oportunidades de expandir su presencia en el área de autopistas en mercados que considera prioritarios como Estados Unidos o Australia, competía en un consorcio liderado por Hastings Funds Management.

El Gobierno federal de Australia dijo el mes pasado que pagaría a los estados para que vendan activos y atraigan inversores que se hagan con parte de unos 100.000 millones de dólares australianos en infraestructuras.