Argentina 2012, Perú de 2000

La Argentina reestructuró su deuda soberana externa (en poder de acreedores privados) a través de sendos canjes en 2005 y 2010. El Gobierno decidió los términos de la transacción, promovió por todos los medios la mayor participación posible, y rotuló como un éxito la quita obtenida (en la primera foto, «del 75%») y la elevada aceptación final de su propuesta. Tras ambos canjes, se acogió el 91% del universo elegible. En esa lógica, y en las condiciones muy favorables que definió el país para sus finanzas, una adhesión total, del 100%, hubiera agotado la materia en disputa de manera definitiva y constituido el logro más rotundo. La Argentina hubiera regresado así a un estatus pleno de deudor corriente en los mercados voluntarios de capitales. Desde esa perspectiva, pues, el reciente fallo adverso del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York puede leerse como una orden judicial para acrecentar el alcance efectivo de la operación de canje y quita de deuda (en los mismos términos que fijó la Argentina, y no mejores para el deudor). El veredicto señala que los demandantes deben recibir los pagos que les hubieran correspondido de haberse plegado a los canjes de 2005 y 2010. Las obligaciones en su poder -tomando en cuenta capital más intereses devengados e impagos al momento de la moratoria en 2001- suman aproximadamente 1.330 millones de dólares.

¿Las razones que llevaron dos años atrás a volver a abrir el canje de la deuda, a dedicarse a buscar interesados activamente entre abril y septiembre de 2010, han dejado de tener vigencia? Tal esfuerzo permitió rescatar obligaciones por 12.210 millones de dólares y someterlas a la reducción implícita en la conversión por nuevos bonos. ¿La épica del canje ha caído en desgracia? Que se sepa, no. Si se lo festejó como un avance, sería una contradicción rasgarse las vestiduras ante un fallo que, en los hechos, supone su ampliación. Si se defendió ante el Congreso el uso de las reservas internacionales para atender los mayores desembolsos derivados de reestructurar 12.210 millones de dólares en 2010, lo que ahora está en danza es apenas el 11% de esa cifra. ¿Hay razones financieras que no estaban presentes entonces y que resultarían tan decisivas hoy como para desaconsejar esa extensión? No se sabe, pero no son evidentes. Más bien, el fallo del Tribunal de Apelaciones aumenta las posibilidades de un embargo que trabe los pagos a los tenedores de la deuda reestructurada y ponga a la Argentina en la misma disyuntiva que enfrentó Perú en 2000, cuando tuvo que negociar con Elliot Associates (el fondo que está detrás de NML Capital) para no recaer en el renovado default de su deuda.

Es curioso, pero la historia tiende a repetirse. Perú enterado de la sentencia desfavorable en Nueva York antes de que se hiciera pública atinó a cambiar de agente de pago y de jurisdicción. Pero la idea de pagar por Euroclear tampoco funcionó. Bruselas fue una ratonera: Elliot accionó allí y a Perú le fue bien en la primera instancia, pero la Corte de Apelaciones le cerró el paso. Como ahora, el talón de Aquiles del soberano era el incumplimiento de la cláusula «pari passu». Sendos fallos en Nueva York habían sentenciado que Perú debía pagarle a Elliot antes de atender cualquier servicio de su deuda Brady. La Cámara belga juzgó que resultaba inapropiado convalidar la maniobra elusiva de canalizar los desembolsos a través de Euroclear. Si no se pretende convivir con la espada de Damocles de un posible embargo, y tampoco se quiere cumplir el mandamiento de los jueces, el Gobierno debería conseguir apelar con éxito ante la Corte Suprema de los EE.UU. o montar un circuito de pagos en el seno del Banco Internacional de Ajustes de Basilea. Dos objetivos nada sencillos de alcanzar.


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