Apelación fundada en un contexto de debilidad legal

El Gobierno argentino presentó la apelación prevista del fallo del juez Thomas Griesa. El escrito tiene fundamentación técnica en un contexto de debilidad de la posición legal argentina dado el texto de las leyes y jurisprudencia de Nueva York aplicables y de los términos y condiciones de los bonos en default, así como la existencia de sentencias contrarias en primera y segunda instancia. En el primer caso, exigen el pago completo del capital e intereses de deuda en estado de incumplimiento y en el segundo se establece que los términos de pago (monto de capital, tasa de interés y plazos) no se pueden modificar sin unanimidad. Por ello han fallado que el Estado debe abonar el 100% de la deuda y que los canjes de 2005 y 2010 sólo son extensivos a los inversores que participaron en ellos únicamente. Los jueces no han visto injusticia en esto último porque consideran que los canjes fueron voluntarios y que los tenedores que ingresaron sabían que aquellos que no lo hicieran podían cobrar la totalidad de sus bonos.  

Equidad y reapertura del canje

Frente a ello, los argumentos de la Argentina han sido que la fórmula de pago tendría que haberse basado en lo que recibieron los tenedores de los canjes como «remedio de equidad» e «independientemente de lo establecido en los términos y condiciones de los títulos en default», diciendo que los tenedores que aceptaron los canjes sabían que aquellos que no lo hicieran podrían terminar obteniendo litigios favorables, pero dice «que aquéllos no podrían haber previsto que un tribunal afectaría a terceros, dejaría sin efecto fideicomisos, y rechazaría principios legales establecidos de Nueva York y haría una aplicación extraterritorial de su jurisdicción a fin de condicionar deuda reestructurada para pagar a los «holdouts» en su totalidad. En caso de haberse remotamente imaginado este resultado, los tenedores de los canjes no hubieran participado de ellos».

Asimismo, de dicha frase surge la posibilidad de una reapertura del canje. 

«Ley cerrojo»

Luego vuelve a utilizar el derecho argentino como limitante para pagar, básicamente la denominada «ley cerrojo». Pero este punto usualmente no es aceptado por los tribunales de Nueva York, ya que de lo contrario los Congresos de los países emisores de bonos en dicha plaza podrían sancionar leyes contrarias al pago y entonces no se abonaría la deuda.  

Extraterritorialidad

La apelación también considera que el fallo de Griesa excede el principio de territorialidad y pretende aplicarse sobre territorios extranjeros. Específicamente se refiere a la defensa del fideicomiso establecido con el Bank of New York, y el hecho de que el proceso de pagos comienza con un depósito que la Argentina realiza ante dicha institución en una cuenta en Buenos Aires y en beneficio de los tenedores de bonos que entraron a los canjes.  

Reinstalación del no innovar («stay»)

Obviamente, una de las preocupaciones principales es buscar que «se reinstale» la medida de no innovar («stay») antes del 15 de diciembre a fin de evitar una situación límite en dicha fecha. Aquí se argumenta muy bien a nivel procesal en el sentido que se alega que el juez Griesa levantó el «stay» antes que la revisión de la Cámara de Apelaciones haya resuelto si las medidas cautelares tenían vigencia. «Mediante el levantamiento del stay el juzgado de primera instancia ha impedido que la Cámara analice la misma», dice textualmente el escrito. «El fallo debería ser declarado nulo», agrega. 

Afectación de la plaza financiera de Nueva York

Luego la apelación considera que, de mantenerse los fallos, se afectará el atractivo de Nueva York como centro financiero internacional y como jurisdicción legal para la emisión de bonos.  

Futuras reestructuraciones

El escrito menciona una línea sobre los efectos negativos de las sentencias sobre eventuales reestructuraciones, sin ampliar. Éste es un punto que ya había sido rechazado por Griesa y la Cámara de Apelaciones con argumentaciones sólidas en el sentido de que los bonos nuevos tienen cláusulas de mayorías.  

Más litigiosidad

Por último, el escrito alega que los fallos sin duda que generarán más reclamos de «pari passu» por parte de otros tenedores, quienes potencialmente demandarán ser pagados proporcionalmente igual que los que ahora cobren en su totalidad, o que deberían compartir en los cobros de los demandantes.


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